El pasado 1 de abril, la actual Subsecretaria de la Administración de
Desarrollo Socioeconómico de la Familia, Marta Elsa Fernández,
puso fin al mal llamado Proyecto
Piloto “Buen Provecho” (PPBP), que permitió a
29,225 beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN), en su
mayoría personas sin hogar, ancianos solos o personas con discapacidades, a
comprar alimentos preparados utilizando la Tarjeta de La Familia en una
selección – que se hizo muy secreta- de 45 restaurantes de los municipios de
San Juan y Guaynabo. Al final se supo que en su mayoría eran hamburgueserías
tipo fast-food. El Proyecto fue aprobado
y estuvo vigente desde agosto del 2010 hasta febrero del 2011.
La desacertada legislación suscitó la puesta en escena de la visión mercantil de la alimentación- a contrapelo
de la nutrición- que tienen los gerentes
de la industria alimentaria, especialmente Caribbean Restaurants LCC ( el
concesionario de todas las franquicias de Burger King en Puerto Rico) y la
Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (ASORE).
ASORE, que en el momento de debatirse el PPBP era
gobernada por el empresario Aniceto Solares, presidente de Caribbean Restaurants
LCC, (empresa que gana $185,300,000 millones de dólares anuales), soslayó entonces el valor social-nutrimental
del acto alimentario bajo el argumento de que la iniciativa legislativa era “un
acto de justicia social”. Igualmente procedió
en aquél entonces, Jorge Colón
Gerena, presidente de Wendy`s, el fast-food con más crecimiento en el mercado
de comidas servidas de forma rápida al día de hoy.
Aunque no concuerdo con la mayor parte de la instrumentación del PAN
(umbrales de pobreza demasiado altos, falta moral en el otorgamiento de los
casos ,laxitud en el cumplimiento de requisitos y la erosión gradual de una
ética del trabajo en los beneficiarios que tienen capacidad para hacerlo)- varios miembros de ASORE hicieron expresiones que trivializaban la capacidad de los
beneficiarios del PAN para pensar sobre lo que comen, y se hicieron de la vista
larga ante el hecho de que el acto de comer es un acto social y
pedagógico.
Expresiones
como la del Sr. Aniceto Solares, en el
sentido de que avalaba el proyecto porque entendía entonces que “comida es comida” , redujo al absurdo el acto más importante de la vida, llevándolo a la categoría de acto de repleción individual en el que
comer un almuerzo balanceado es lo mismo que comerse un Big Mac, o un cesto
lleno de alimañas, cuando, en efecto, los 29,295 personas cobijadas bajo del
Plan Piloto (PP) son personas que necesitan alimentaciones medicadas por sus
condiciones de edad y salud.
Igual,-si
seguimos la línea argumentativa de Solares, cuando una abuelita beneficiaria
del proyecto va al restaurante con su nieta pequeña y ordena un servicio de
comida – en el restaurante que fuera de
los 45 seleccionados para el PPBP - no
ocurre un acto pedagógico entre ella y
su retoño. Hay teóricos contemporáneos,
no obstante, que piensan lo contrario.
Sostienen que en el acto de comer se transmiten las visiones y los hábitos de
padres a hijos, y éstas les marcan las huellas gustativas más indelebles. Es lo
que en otras ocasiones he llamado el “paladar memoria”.
En su apoyo al
PPBP, ASORE esgrimió entonces
como defensa el tema de la “conveniencia”- que es una de las lógicas del
sistema de producción de los restaurantes de comida rápida para capitalizar sus
productos y capturar consumidores. Es decir, para ASORE el alto número de
locales en la geografía urbana, la ocupación de geografías y periferias
escolares, los auto servicios, las entregas a domicilio- o sea “conveniencia”- fueron conceptualizados como elementos que
hacían del proyecto uno de justicia social porque los beneficiarios del PPBP no
tendría que trasladarse hasta un hipermercado para comprar, digamos, leche, o
porque les facilita comer sin
tener que cocinar a aquellos
beneficiarios con ciertas condiciones
médicas, físicas y mentales.
ASORE, en el fondo, lo que interesaba era aumentar la participación de sus miembros
en el mercado de comidas tomadas fuera de casa. Un estudio realizado por la
empresa Gaither International en 2007
encontró que sobre 500,000 personas pautan al menos una de sus ingestas diarias
fuera del hogar, lo que representa ventas de sobre $4 millones de dólares
diarios. Si el PPBP se hubiese extendido a todas la Isla, como esperaba ASORE
que ocurriera, ello hubiera representado
a la asociación sobrepasar su
participación en un mercado que hacia el 2007 significaba $2.3 billones de
dólares anuales.
Lo vergonzoso es que se utilizara la falacia
de la justicia social cuando dos meses
antes de que se aprobara el PPBP, el
gobierno de Luis Fortuño le asignó, de los
fondos de la Ley de Reinversión y Estímulo Económico Federal (“ARRA”, por sus siglas en inglés), $13.5 millones
de dólares a Caribbean Restaurants (Burger King), $ $1.65 millones de dólares a McDonald's y
$ 190 mil dórares a la cadena Subway.
Como si invirtiendo en estas empresas – famosas por despreciables salarios y condiciones de empleo y la
consabida explotación de las mujeres se estimulara la economía local. La responsabilidad nutricional no fue el elemento que
estuvo en juego.
Es penoso que
se simplifique el acto de comer
pensándolo como acto exclusivamente fisiológico: la gente come
para satisfacer el apetito y nada más. Si el PPBP hubiese seguido adelante en el 2013, y se
hubiera extendido a todo Puerto Rico, el proyecto no hubiese hecho otra cosa que insertar a los beneficiarios
del PAN en una tendencia cada vez más
observable en la cultura alimentaria de Puerto Rico: comer fuera de casa
significa comer en un fast food, preferiblemente una hamburguesería.
Vistas desde hoy,
las declaraciones de la entonces Secretaria del Departameto de la Familia Jannitza
Irizarry, sobre que “[é]ste no es un issue de nutrición ni económico. Es un
asunto de conciencia social” y que “[n]o
podemos pensar de forma egoísta, lo digo desde lo más profundo de mi corazón”, se
traducen en la más grande hipocresía de los últimos años en el discurso
nutricional gesticulada desde el Estado hacia los consumidores pobres de Puerto
Rico.
Por último, el
preámbulo del Proyecto 2806 que creó el
desacreditado Buen Provecho nos deja el
rastro de la visión clasista y desacertada que tienen los dirigentes políticos
y la gran industria alimentaria sobre el
acto de comer, cuando consideran que comer en restaurantes “no es un lujo”
(claro si se trata de los fast-foods), “sino que aporta a la calidad de vida”
porque “esos lugares se han convertido en escenario de cumpleaños y
graduaciones”. A mí me hubiera gustado que entre los 45 restaurantes que se seleccionaron, se hubiesen incluido al
menos 4 de los otros muchos que
representa ASORE, como por ejemplo
Compostela, El Bistró de Paris o Augusto`s.
A ver si en uno
de ellos hubiesen aceptado a un
discapacitado, o a un homeless a celebrar su cumpleaños, o a una abuelita con
sus nietos a celebrar una graduación, y que pagara con la tarjeta del PAN, con
el descuento del 10% de su consumición, como en efecto hizo Burger King durante
la vigencia del PPBP.
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